«Para dejar de precarizar los cuidados y patologizar la vejez, hay que repensar el concepto de hogar»

 Daniel López

Daniel López

08/02/2021
Joan Antoni Guerero
Daniel López, investigador del grupo de investigación CareNet del Internet Interdisciplinary Institute

 

Daniel López es uno de los investigadores del grupo de investigación CareNet del Internet Interdisciplinary Institute de la UOC, que explora los cambios en las formas de apoyo y de cuidado en una sociedad en la que la tecnología tiene un papel cada vez más importante. El grupo también analiza esta cuestión desde la perspectiva de las crisis, los desastres y las emergencias, como la pandemia de la COVID-19. López, que ha centrado sus investigaciones en la vejez y el papel que tienen las innovaciones tecnológicas y sociales en la configuración del cuidado y la propia definición de la vejez, analiza en esta entrevista los retos asistenciales que la pandemia plantea.

¿Considera que la pandemia ha puesto sobre la mesa que el modelo asistencial definido por las grandes residencias ha quedado agotado?

La pandemia ha hecho que algunos de los problemas estructurales que ya se conocían de las residencias (la precariedad de las personas que trabajan en ellas, por ejemplo) estallaran de la peor forma. El hecho de que la respuesta ante la pandemia haya llegado tarde y haya sido insuficiente nos indica qué lugar ocupaban las residencias en la escala de prioridades en las políticas públicas. Hace mucho tiempo que desde los colectivos de personas mayores y desde los profesionales y académicos de la geriatría y la gerontología se insiste en que hay que ir hacia un modelo diferente del actual. Por ejemplo, desde la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología se está impulsando un debate abierto sobre el modelo de atención de larga duración, y también desde la sociedad civil, como por ejemplo la plataforma ciudadana «Volem llars per viure».

¿Cuál es el problema del modelo actual, según usted?

Las residencias se siguen pensando como instituciones totales, desconectadas del espacio público y diseñadas fundamentalmente para maximizar la eficiencia en la provisión de los servicios asistenciales. A pesar de que es el lugar donde viven muchas personas mayores, no se conciben como hogares. Por eso, la gente va, o la llevan, cuando no tiene otra salida, normalmente cuando faltan los recursos y el espacio en su casa y habitualmente porque los familiares, amigos o vecinos ya no pueden manejar la situación. La pandemia ha sido una prueba de estrés que nos ha enseñado todas estas carencias, y no solo en las residencias.

¿Considera, pues, que la pandemia conlleva un punto de inflexión?

Ahora parece que es urgente cambiar el modelo y, a causa de la pandemia, parece que los partidos políticos y la sociedad civil sí lo empiezan a ver como una prioridad. Yo diría que ya lo era y lo sigue siendo. Pero hacerlo ahora también tiene algunos riesgos importantes.

¿Qué riesgos ve?

Podemos caer muy fácilmente en el error de pensar que el problema de las residencias es la COVID-19. Como si fuera la misma cosa. Cambiar el modelo no se reduce a hacer las residencias más seguras. Si hacemos esto, no abordamos el problema estructural. Si medicalizamos las residencias, si profundizamos en el modelo hospitalario para hacer los espacios más seguros en relación con la COVID-19, podemos mejorar la dotación de recursos, la coordinación socioasistencial, pero quizás medicalizaremos e institucionalizaremos aún más la vejez. Es decir, agravamos una parte importante de los problemas estructurales que ya existían. Nadie quiere vivir la vejez institucionalizada en un búnker. Por eso pienso que es un error poner el foco solo en las residencias y en extender el modelo hospitalario. Es necesario otro modelo.

¿Cuál es su propuesta, entonces?

La pandemia nos ha enseñado que hay que repensar el concepto de hogar para construir un modelo asistencial que deje de patologizar la vejez y precarizar los cuidados de larga duración. Envejecer en el propio hogar puede significar muchas cosas diferentes y, por tanto, hay que explorar nuevos modelos arquitectónicos y urbanísticos. Debemos dejar de pensar acríticamente en el envejecimiento en el propio hogar como la mejor de las soluciones. El concepto de hogar predominante genera problemas en la vejez que no podemos obviar (violencias, aislamiento). Hay, por tanto, que asegurar el derecho a la vivienda en la vejez, explorar y hacer sostenibles maneras diferentes de envejecer en casa y, muy especialmente, luchar contra la explotación y la precarización del trabajo de cuidados en los hogares y en las residencias. Es importante desinstitucionalizar la dependencia, pero hay que dotarla de los recursos necesarios para que el cuidado de los ancianos no recaiga en las familias, y dejar de naturalizar la feminización del trabajo de cuidados.

Para ello, ¿qué nos hace falta?

Esto requiere de modelos de vivienda y de servicios diferentes, pero también cuestionar el modelo familista y la precarización y feminización de los trabajos de cuidado. Ciertamente, necesitamos espacios como las residencias, donde las personas puedan disponer de atención continua y de una coordinación social y asistencial profesional, interdisciplinaria e intensa. Pero estos espacios deben ser espacios para vivir, donde las personas se puedan sentir como en su casa. También espacios de trabajo dignos y seguros para las personas que trabajan en ellos. Hacer este cambio requiere de cambios profundos en muchos ámbitos.

En cuáles, ¿por ejemplo?

Arquitectónico, modelos de atención, formativos y de culturas profesionales. Como ha ocurrido en otros países, las residencias deben desinstitucionalizarse, y esto no es posible si no asumimos que los cuidados en la vejez deben ser el centro de la política pública. Debería ser una responsabilidad pública de primer orden y un derecho para cualquier persona, del mismo modo que lo es la salud. Dejarlo como algo privado que las familias deben resolver por sí mismas, o mediante la contratación de servicios privados, hemos visto que refuerza la situación de explotación hacia las mujeres cuidadoras, y en situaciones de emergencias y desastres, como hemos visto, tiene efectos devastadores.

¿El camino lo marcan los países nórdicos, con los modelos de envejecimiento en casa?

Cuando nos enseñan los modelos nórdicos de residencias, de atención domiciliaria o las coviviendas sénior, nos enseñan habitualmente las cosas que se ven: la arquitectura, el modelo de servicio, el tipo de atención, las ratios, etc. Pero las políticas públicas que hacen posible esto son claves y no las solemos tener muy presentes. Es como si no formaran parte de los modelos. Pero es a través de las políticas que las prioridades de la ciudadanía se traducen en estos modelos.

¿Piensa que aquí se puede importar este modelo nórdico?

Las políticas de estos países han sido muy diferentes a las nuestras, en primer lugar, porque la familia y el estado son cosas muy diferentes en ambos casos. Los países nórdicos tienen un modelo basado en los derechos individuales y en el que la igualdad es un valor central para la ciudadanía. Viva donde viva la gente, viva con quien viva, las personas tienen derecho a recibir la atención que necesitan, independientemente de que tengan familia o no, o se quieran implicar o no. En nuestro caso, a pesar de todos los cambios sociodemográficos, seguimos pensando que el cuidado en la vejez es un asunto familiar y privado, y digamos que nuestra relación con la administración no es propiamente de confianza.

Hay un consenso sobre los efectos de la pandemia en las personas mayores. ¿Se ha agravado su situación de aislamiento?

La pandemia ha agravado situaciones de aislamiento y soledad no deseada de muchas personas, no solo de las personas mayores. Pero, al mismo tiempo, la excepcionalidad de la situación, el hecho de que el confinamiento haya sido generalizado y haya afectado a todo el mundo de una manera o de otra, también ha hecho que estas situaciones se hayan hecho más visibles socialmente. Esto ha producido una respuesta. Los servicios sociales, las redes de apoyo comunitario y las redes familiares y de amistad se han movilizado para reducir los efectos que el aislamiento podía producir.

¿Qué medidas se han tomado?

Hemos visto cómo se han desplegado sistema de videollamadas desde las residencias, los servicios de acompañamiento a las personas mayores se han reforzado, servicios como Vincles, Radars (en la ciudad de Barcelona), o la Teleasistencia, han sido claves para evitar que el aislamiento físico del confinamiento se convierta en aislamiento social para muchas personas. Es decir, se han desplegado nuevos servicios, y otros que ya existían se han transformado para dar respuesta a la pandemia. Esto se ha hecho en condiciones durísimas y muy precarias. Si realmente queremos aprender de lo ocurrido y prepararnos, lo que hay que hacer es evaluar qué se ha hecho y desarrollar políticas públicas que permitan consolidar, reforzar y hacer sostenibles las medidas y las redes de apoyo que han funcionado.

¿Qué se ha hecho y qué se podría haber hecho mejor desde la sociedad para ayudar a las personas mayores?

La respuesta pública llegó muy tarde a las residencias, a pesar de que sabíamos que eran espacios muy vulnerables a la COVID-19 por las características de la población que vive en ellas. El grito en favor de los sanitarios y la importancia de salvar vidas iba dirigido al sistema de salud. El foco de atención eran las UCI y los sanitarios. Claramente, no mirábamos hacia las residencias. Esto nos hizo ver que la manera en que hemos sectorializado la atención a las personas mayores estaba agravando el impacto de la pandemia.

En su opinión, ¿cuál ha sido el problema?

La división entre atención sanitaria y social ha sido un problema, aún más si tenemos en cuenta la infrafinanciación crónica del sector sanitario y social. En la mayoría de países donde han tenido problemas graves en las residencias, se ha visto que el virus simplemente ha agravado los efectos de las políticas neoliberales precisamente porque se ha dejado en manos de los mercados privados la gestión de la dependencia. A diferencia de lo ocurrido con la salud pública, el nivel de contestación social por parte de la ciudadanía hacia este hecho ha sido mucho menor. Si los cuidados en la vejez, y no solo en la vejez, tuvieran el mismo estatus que la salud, seguramente nuestra respuesta hubiese sido distinta. Con esto no quiero decir que se habría evitado la pérdida de tantas vidas. Sería estúpido decir algo así ante una situación como la que estamos viviendo. Pero es posible que no hubiéramos pensado solo en «salvar vidas». Pienso que estas pérdidas se habrían producido de otro modo. Al menos la manera de tratar a las personas a las que llamamos «mayores» nos habría ahorrado otros sufrimientos, también con costes muy importantes y muy a menudo invisibles, porque, desgraciadamente, no salen en las cifras.

¿Qué país ha sido para usted modélico en este ámbito?

Las comparativas entre países son muy dañinas, especialmente porque sabremos quién lo ha hecho bien o mal «al final». Los criterios para establecer qué es mejor o peor no son comunes y los datos en la mayoría de casos no son comparables. Lo hemos visto con la mortalidad. Los países no registran las cosas del mismo modo. Aprender de lo que hacen otros países es clave, pero hacer este tipo de ránquines nos ayuda poco a hacer las cosas mejor.

Según usted, ¿qué retos hay que afrontar ante el envejecimiento de la población?

Hay que decir que el reto del envejecimiento es un asunto que afecta a las personas de todas las edades y no es necesariamente un problema. Solo lo es si lo miramos desde un pensamiento economicista, en el que asociamos vejez con gasto, y envejecimiento poblacional con un tsunami que pone en crisis el sistema de bienestar. Este planteamiento es edatista y neoliberal, y tiene consecuencias devastadoras. Prefiero enfocar el reto desde la asunción de la interdependencia, algo que no es exclusivo de la vejez, y poniendo las políticas al servicio de una idea de «buena vida» que incluya la vejez y muy especialmente lo que llamamos cuarta edad o «gran dependencia».